Los delitos por internet plantean a menudo un problema urgente: el daño no termina cuando se denuncia, sino que puede seguir produciéndose mientras el contenido continúa visible o el servicio sigue funcionando. Por eso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juzgado actuar desde el inicio del procedimiento en determinados supuestos. Tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé expresamente, como primeras diligencias, la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción provisional de los servicios que los ofrezcan y el bloqueo provisional cuando radiquen en el extranjero.
Dicho de forma práctica, en ciertos delitos por internet el juez no tiene que esperar al final del procedimiento para intervenir. Si el caso lo justifica, puede adoptar medidas cautelares desde la fase inicial de instrucción para intentar evitar que el perjuicio siga creciendo mientras se investiga el fondo del asunto.
Qué se entiende por delitos por internet
La expresión delitos por internet no designa un único delito del Código Penal. Se usa de forma amplia para referirse a conductas cometidas a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación. En la práctica, esto puede abarcar supuestos muy distintos: difusión ilícita de imágenes o vídeos, suplantaciones activas, amenazas o acoso en entornos digitales, fraudes online o accesos no autorizados, entre otros. El propio artículo 13 LECrim utiliza esa fórmula amplia al regular estas medidas cautelares.
Por eso, este artículo no pretende explicar todos los ciberdelitos posibles, sino responder a una cuestión mucho más concreta y útil: qué puede hacer un juez, de forma cautelar, para retirar contenidos o bloquear servicios cuando el delito se está cometiendo o prolongando por internet.
Qué dice exactamente el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El punto central está en la redacción vigente del artículo 13 LECrim. Ese precepto establece que, en la instrucción de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, el juzgado podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.
La reforma está incorporada a la LECrim por la Ley Orgánica 1/2026, publicada el 9 de abril de 2026 y en vigor desde el 10 de abril de 2026. Esa misma ley identifica expresamente entre sus modificaciones el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Qué medidas cautelares puede acordar un juez en delitos por internet
Retirada provisional de contenidos ilícitos
La primera medida prevista de forma expresa es la retirada provisional de contenidos ilícitos. En determinados delitos por internet, el juzgado puede ordenar que se retire provisionalmente el contenido que está generando el perjuicio mientras se tramita la investigación penal. La ley no lo formula como una actuación automática de una plataforma ni como una simple reclamación privada, sino como una decisión judicial cautelar dentro de un procedimiento penal.
En la práctica, esto puede afectar a publicaciones, imágenes, vídeos, perfiles, páginas o materiales concretos difundidos online, siempre en función del hecho investigado y del alcance de la medida que acuerde el juzgado. Esa última precisión deriva de la propia estructura cautelar del artículo 13 LECrim: la ley habilita la medida, pero su aplicación depende del caso concreto y de la decisión judicial.
Interrupción provisional de los servicios que ofrezcan esos contenidos
La segunda medida prevista es la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos. Aquí la respuesta cautelar puede ir más allá de retirar una publicación concreta, porque el objetivo ya no es solo hacer desaparecer un elemento aislado, sino frenar provisionalmente el servicio desde el que se están ofreciendo esos contenidos.
Esta medida puede adquirir especial relevancia cuando el daño no depende de una única publicación, sino del funcionamiento continuado de un canal, perfil, servicio o entorno digital desde el que se mantiene la difusión presuntamente ilícita. La previsión legal es expresa y está incorporada directamente en el artículo 13 LECrim.
Bloqueo provisional cuando el contenido o servicio radiquen en el extranjero
La tercera medida expresamente prevista es el bloqueo provisional de contenidos o servicios cuando radiquen en el extranjero. Este punto es especialmente importante en los delitos por internet, porque no siempre el alojamiento, la infraestructura o el servicio desde el que se difunde el contenido se encuentra en España. El artículo 13 LECrim contempla precisamente esa posibilidad y permite al juzgado acordar el bloqueo provisional en ese escenario.
Eso no significa que cualquier contenido alojado fuera de España deba bloquearse de manera inmediata, sino que el ordenamiento procesal penal ya prevé una respuesta cautelar específica para esos supuestos cuando el caso lo justifique.
Cuándo pueden adoptarse estas medidas
La propia norma sitúa estas medidas dentro de las primeras diligencias de la instrucción. Además, el artículo 13 LECrim dice que el juzgado puede acordarlas de oficio o a instancia de parte. Eso significa que, en los delitos por internet, la discusión sobre la retirada, la interrupción o el bloqueo puede plantearse desde el inicio del procedimiento, sin necesidad de esperar a fases más avanzadas.
Ahora bien, que la ley permita acordarlas como primeras diligencias no implica que deban adoptarse automáticamente en cualquier denuncia. Siguen siendo medidas cautelares acordadas por el juzgado dentro de una investigación penal, de modo que su procedencia depende del caso concreto, del contenido afectado, del daño que se pretende evitar y de la valoración judicial correspondiente. Esta conclusión se apoya en el propio diseño legal de la medida como actuación cautelar judicial.
En qué situaciones suelen tener más sentido
Estas medidas cobran especial relevancia cuando el daño sigue activo mientras el contenido continúa accesible o el servicio mantiene su funcionamiento. Por eso, en los delitos por internet suelen tener un encaje especialmente claro en supuestos de difusión continuada de material ilícito, suplantaciones que siguen generando perjuicio, contenidos que lesionan de manera persistente a la víctima o entornos digitales utilizados para prolongar una actividad delictiva. El marco legal para esa intervención cautelar es precisamente el artículo 13 LECrim.
Dentro del blog del despacho, el artículo sobre suplantación de identidad en internet puede servir como apoyo interno para una modalidad concreta de estos delitos por internet, mientras que la página de delitos informáticos resulta útil como referencia de servicio más amplia en defensa penal digital.
Lo que estas medidas no significan
También conviene precisar qué no significa esta reforma. No implica que cualquier contenido molesto o perjudicial deba retirarse automáticamente por la vía penal. Tampoco supone que baste una simple queja privada para cerrar un servicio o bloquear una publicación. La ley atribuye estas medidas al juzgado, dentro de la instrucción penal, y las configura como medidas cautelares. Por tanto, exigen una decisión judicial y un contexto de investigación penal.
En otras palabras, la existencia del artículo 13 LECrim no convierte cualquier conflicto digital en una retirada automática de contenidos. Lo que hace es dotar al proceso penal de herramientas cautelares expresas para determinados delitos por internet cuando la urgencia del daño lo exige.
Qué hacer si eres víctima de un delito por internet
Si eres víctima de unos delitos por internet y el contenido sigue generando perjuicio, lo primero es conservar la prueba antes de que desaparezca o se modifique. Conviene guardar capturas, enlaces, fechas, perfiles, correos, mensajes, identificadores y cualquier dato técnico útil para ubicar el contenido y explicar su difusión. Esta necesidad encaja con la propia lógica del artículo 13 LECrim, que incluye entre las primeras diligencias la consignación y custodia de pruebas que puedan desaparecer.
Después, la denuncia debe describir con precisión qué contenido existe, dónde está, desde cuándo se difunde, qué perjuicio está causando y por qué sigue siendo urgente retirarlo, interrumpir el servicio o bloquearlo. En estos supuestos, pedir medidas cautelares desde el inicio puede ser decisivo cuando el daño continúa produciéndose online.
Qué hacer si eres investigado
También puede ocurrir que te veas investigado por unos delitos por internet y que el juzgado acuerde o estudie una medida cautelar que afecte a un contenido, un perfil o un servicio vinculado contigo. En ese escenario, lo importante es conocer con exactitud qué se cuestiona, cuál es el alcance de la medida, sobre qué base penal se está actuando y cómo responder procesalmente desde el primer momento. El artículo 13 LECrim permite que estas decisiones se adopten en fases muy iniciales, por lo que la reacción jurídica también debe ser temprana.
En este contexto, puede ser relevante contar con asesoramiento especializado en abogado penalista y en delitos informáticos, especialmente cuando el caso combina prueba digital, medidas urgentes y posibles consecuencias penales.
Conclusión
Los delitos por internet no obligan solo a investigar qué ha ocurrido y quién puede ser responsable. En muchos casos, exigen además decidir si el daño debe frenarse de inmediato. Y hoy la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo prevé expresamente: el artículo 13 LECrim, en su redacción vigente tras la Ley Orgánica 1/2026, permite acordar como primeras diligencias la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción provisional de los servicios que los ofrezcan y el bloqueo provisional cuando radiquen en el extranjero.
La idea clave es esta: en determinados delitos por internet, el juez puede actuar desde el inicio del procedimiento para impedir que el perjuicio siga creciendo mientras se investiga el fondo del asunto. Pero esa intervención no es automática ni genérica: requiere un procedimiento penal, una decisión judicial y un encaje cautelar en el caso concreto.
FAQs
¿Qué medidas cautelares puede acordar un juez en delitos por internet?
Puede acordar la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos y el bloqueo provisional cuando radiquen en el extranjero. Lo prevé expresamente el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Se pueden pedir estas medidas desde el inicio del procedimiento?
Sí. La ley las encuadra como primeras diligencias y permite que el juzgado las acuerde de oficio o a instancia de parte.
¿Estas medidas solo sirven para páginas web?
No. El artículo 13 LECrim habla de delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación.
¿Qué pasa si el contenido o servicio está en el extranjero?
La ley prevé expresamente el bloqueo provisional cuando los contenidos o servicios radiquen en el extranjero.
¿Toda denuncia por internet permite retirar contenidos?
No. Debe existir una investigación penal y una decisión judicial cautelar. No es una retirada automática por simple solicitud privada.
¿Cuándo conviene hablar con un abogado penalista?
Cuando el daño sigue difundiéndose, necesitas pedir una medida urgente, o te investigan por unos delitos por internet y el caso puede afectar a tus derechos, tu actividad o tu reputación digital.
